Por Marysel Pagán Santana, DrPH, MS, Gerente de Programas en Puerto Rico para MCN

Por años, expertos del clima han advertido sobre las implicaciones de la crisis climática actual como esto afectará los eventos atmosféricos de temporada a nivel mundial. Hemos visto evidencia desde el 1992 en el primer reporte del IPCC, y ahora lo vivimos. Los reportes advirtieron que los eventos climáticos extremos serían más comunes; incluyendo huracanes de mayor intensidad, olas de calor, fuegos forestales, inundaciones y sequías. Los huracanes Irma, María, Michael y Dorian destruyeron comunidades en Puerto Rico, Florida y Bahamas durante las temporadas del 2017, 2018 y 2019. En 2018, California enfrentó “la temporada de fuegos forestales más mortífera y destructiva registrada”, con un total de 8,527 fuegos, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CalFire) y el Centro Nacional Interagencial de Bomberos (NIFC, por sus siglas en inglés). El “Camp Fire”(nombre por el cual se le conoce al evento) afectó más de 18,000 estructuras y cobró la vida de 84 individuos. Adicional a los patrones de eventos climatológicos extremos, existe evidencia de las implicaciones de los cambios ambientales como la deforestación, crecimiento urbano y calentamiento del océano, en la propagación de enfermedades trasmisibles, lo que podría aumentar el impacto de la pandemia del COVID-19 que enfrentamos actualmente. Sea cual sea el evento que escojamos, es crucial señalar que estos no nos afectan a todos de la misma forma, siendo las poblaciones históricamente marginadas las que mayor mortalidad e impacto registran. De esta forma, el liderazgo gubernamental que no considera estas diferencias puede tornar un desastre natural en un desastre humanitario. El impacto en las poblaciones es evidente en los reportes de eventos como los de Puerto Rico (2017, 2019-2020) y California (2018).

En Puerto Rico el impacto del huracán María expuso una serie de inequidades sistemáticas, que luego de tres años continuamos observando, incluyendo ingresos familiares, falta de acceso a servicios de salud, tratamiento de enfermedades crónicas, falta de vivienda segura e inseguridad alimentaria.  La tormenta y sus ramificaciones afectaron fuertemente a los 22 municipios que recibieron un impacto directo del fenómeno, de los cuales 18 presentan niveles de pobreza por encima del promedio en Puerto Rico (equivalente a $19,775 anuales para una familia de 4 personas) y 12 de ellos tienen a más del 50% de los habitantes reportando ingresos por debajo del límite de pobreza federal (equivalente a 26,200 para una familia de 4 personas).  Adicional al impacto directo del huracán, se observó que la respuesta a la emergencia difería en áreas rurales y/o bajo ingreso. La pobre coordinación de los equipos de emergencia afectó la recuperación de las víctimas y su habilidad para recibir asistencia. Estos factores en conjunto a tasas altas de enfermedades crónicas como asma, diabetes e hipertensión fue clave para agravar la situación y pasar de ser un desastre natural a uno causado por el hombre. La cifra final de muertes reconocida por el gobierno de Puerto Rico fue de 2,975. La ausencia de recursos básicos, falta de conocimiento de las necesidades y obstáculos de las comunidades, su perfil, cultura y lenguaje por parte de las agencias y organizaciones gubernamentales fueron factores claves en la respuesta, o la ausencia de ella, a nivel federal y estatal. No obstante, el desastre trajo consigo un surgimiento orgánico dentro de las redes comunitarias, incluyendo los centros de salud comunitarios, quienes dirigieron sus esfuerzos a la respuesta y protección de las comunidades más vulnerables. Estas redes espontáneas las observamos fortalecerse durante los terremotos en el suroeste del 2019 y 2020, y nuevamente con el COVID-19.

La disparidad en el impacto, respuesta y recuperación de las comunidades no es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos.^1,2 Algunos ejemplos significativos fueron Katrina en el 2015, y recientemente en el fuego forestal en la región norte de California en 2018, que consumió Paradise, una pequeña ciudad con una población significativa de ancianos, personas incapacitadas, y residentes pobres -muchos con una combinación de los tres.  Estos individuos tenían más probabilidad de ser afectados por el fuego y tener mayor impacto negativo sostenido, hasta casi dos años después. El proceso de recuperación no ha sido igual para estas poblaciones, muchas de las cuales se vieron en la obligación de migrar permanentemente a otras ciudades o estados, en vez de regresar y reconstruir.^3,4

Los eventos mencionados anteriormente son ejemplos de diferentes emergencias y desastres que hemos enfrentado en los pasados años, todas tienen en común la disparidad de impacto en nuestras comunidades más vulnerables y marginalizadas. Este año según entramos en tanto en la temporada de huracanes como en la temporada de fuegos forestales, nos enfrentamos nuevamente a pronósticos que no son nada alentadores. Por un lado, el Centro Nacional de Huracanes pronostica una temporada con 60% de probabilidad de ser más activa de lo normal con 13-19 tormentas, 6-10 huracanes, 3-6 huracanes intensos o de fuerza mayor; por otro lado los pronósticos mensuales de fuegos forestales establecen una temporada normal o por encima de lo normal para California y demás región oeste.

Este año las proyecciones plantean una amenaza más seria a la salud pública debido al COVID-19 y el clima social en los Estados Unidos. La pandemia trae consigo una plétora de complicaciones de salud y económicas que resaltan aún más la inequidad social y marginalizan las poblaciones vulnerables como los negros, hispanos y comunidades inmigrantes. La inequidad social dentro de Estados Unidos juega un rol desafortunado en la preparación y respuesta a desastres naturales, ya que factores como la raza, etnicidad y el estado migratorio determinan el apoyo que recibe una comunidad. Considerando las proyecciones en cuanto a la crisis climática, es crucial reconocer factores como el racismo sistemático, xenofobia, pobreza, entre otros determinantes sociales, cuando se administren y desarrollen las evaluaciones de riesgo y los planes de preparación a emergencias. Es imperativo que se reconozca que el marco de respuesta nacional es justamente eso: un marco. Para poder garantizar la equidad en los planes de preparación a desastres, hay que considerar las barreras sistemáticas que enfrentan las comunidades; así como también: su lengua, idioma, cultura, necesidades, y recursos locales.

Un modelo que se ha probado útil en proveer preparación equitativa a desastre es el modelo de movilización comunitaria. La movilización comunitaria ha sido la espina dorsal de las respuestas a las recientes emergencias en Puerto Rico. Lo observamos durante María, con los centros de salud comunitaria llevando servicios directos a los hogares cuando la mayoría de la población estaba incomunicada o aislada. Estuvo presente cuando diferentes organizaciones se conectaron para asistir durante los terremotos del 2019-2020. Lo vemos ahora con la emergencia de salud pública relacionada al COVID-19. La actual emergencia nos deja con una forma fácil de presentar cómo la movilización comunitaria puede utilizarse en la respuesta, específicamente con la inseguridad alimentaria en las comunidades vulnerables. Los centros de salud comunitaria, líderes comunitarios y agencias gubernamentales identificaron la inseguridad alimentaria como un efecto de la pandemia debido al desempleo y cierres de lugares donde usualmente se adquieren víveres. Lo centros de salud en colaboración con los líderes comunitarios identifican aquellas familias con necesidad facilitan la distribución o dirigen a los distribuidores hacia las comunidades más vulnerables utilizando la información o experiencia previa en el centro de salud. El resultado es la distribución masiva de alimentos que a su vez promueve la agricultura local y alimentación sana. La Corporación de Servicios Médicos y el Hospital General Castañer, dos de nuestros socios, son ejemplos de esta iniciativa. Estos dos centros han trabajado con sus aliados para entregar alimentos a las poblaciones vulnerables en sus comunidades cerca de la región norte y central de la isla. Esto no solo atiende parte de la inseguridad alimentaria, sino que podría influenciar  los resultados de salud de estas poblaciones al obtener alimentos como frutas y vegetales frescos, que usualmente están fuera de su alcance económico o no disponibles en algunas regiones. Esto es solo un ejemplo de cómo la movilización comunitaria -esfuerzos locales y colaborativos apoyados por organización pre-desastre entre líderes comunitarios y miembros de la comunidad- puede reducir disparidades post-desastre. Y la movilización comunitaria puede hacer mucho más. 

En el contexto de preparación a emergencias, hay varios componentes de la movilización comunitaria que son adaptados pata atender las necesidades de una comunidad, lo cual ayuda a garantizar una respuesta más equitativa en la respuesta a desastres. Componentes como la gestión desde el liderazgo comunitario, reconocimiento y mapeo de recursos, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), entre otros componentes, promueven el empoderamiento comunitario a la vez que estructuran la respuesta sensible con las competencias y dinámicas culturales de la comunidad. De igual forma, el modelo identifica barreras sistemáticas en la preparación y respuesta a emergencias con el objetivo de minimizar su impacto en este contexto. El modelo de movilización comunitaria promueve a que las comunidades locales tengan un rol en el desarrollo de los planes de manejo de emergencias, mientras que las agencias gubernamentales y otras instituciones tienen un rol de apoyo con la intención de atender las barreras o preocupaciones identificadas por la comunidad.

Migrant Clinicians Network se encuentra en su segundo año del proyecto subvencionado por Bristol Myers Squibb Foundation facilitando la utilización del modelo de movilización comunitaria en la preparación a emergencia para atender las comunidades vulnerables en Puerto Rico. En este caso, los centros de salud comunitaria y su personal de alcance comunitario, promotores de salud y educadores en salud, se unen a líderes comunitarios para establecer un plan de manejo de emergencias integrado. En este las comunidades discuten y establecen sus pasos a seguir, identifican recursos e integran al Centro de Salud de manera que pueda proveer apoyo para pacientes con enfermedades crónicas, envejecientes y niños, y fungir como el enlace principal de la comunidad con las agencias gubernamentales. Durante el primer año y medio observamos que además de alcanzar los objetivos trazados (tener una comunidad mejor preparada para manejar emergencias), las dinámicas entre los miembros de la comunidad, y de la comunidad con el centro de salud mejoraron. Observamos un crecimiento considerable en la confianza y los puentes de comunicación, en especial cuando el reconocer las barreras y necesidades de la comunidad, Esto dio paso a modificaciones exitosas de otros programas que no están directamente relacionados con el manejo de emergencias pero que aportan a la salud comunitaria en general.

¹ https://gh.bmj.com/content/4/1/e001191.full
² https://academic.oup.com/socpro/article/66/3/448/5074453
³ https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/paradise-fire-displaced-residents/
⁴ https://www.internal-displacement.org/publications/united-states-california-wildfires-urban-expansion-and-the-risk-of-displacement

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