Declaración de posición de MCN: La nueva ley fiscal afectará de forma innecesaria y costosa la salud de las familias inmigrantes

La Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes está extremadamente preocupada por la aprobación de la ley "Big Beautiful Bill", ley que empuja a las familias inmigrantes a vivir bajo las sombras, acentuando aún más las desigualdades que dejan a miembros de nuestras comunidades, más enfermos, más pobres, más temerosos e incapaces de acceder a la atención médica que necesitan. La ley es punitiva en lugar de ser progresista; no aborda las debilidades estructurales subyacentes de nuestros sistemas de salud y de inmigración con soluciones humanas basadas en pruebas científicas y que reflejen las necesidades reales y actuales de los Estados Unidos.

Examinaremos brevemente algunas de las áreas en las que la nueva ley afectará negativamente a las familias inmigrantes. Para obtener más detalles, les invitamos a que revisen los análisis del National Immigrant Law Center, KFF, y Global Refuge.

Servicios de salud

La ley excluye a refugiados, asilados y solicitantes de asilo de Medicaid, Medicare y SNAP (ayuda federal para la alimentación), a pesar de que viven legalmente en Estados Unidos. Cuando las personas tienen servicios de salud, pueden acceder a tratamientos preventivos y tempranos. Estos tipos de tratamiento son menos costosos para el sistema de salud. También ayudan a que las personas con enfermedades más avanzadas que necesiten atención de urgencia y/o especializada eviten tratamientos dolorosos, menos eficaces y más costosos.

La ley también elimina los pagos a los hospitales por los cuidados de urgencia prestados a quienes no sean elegibles para Medicaid o Medicare. Esto podría poner en peligro la estabilidad financiera de los hospitales y clínicas rurales que ya están de por sí batallando para mantener sus puertas abiertas, poniendo en peligro el acceso a la atención en salud de toda una comunidad. Se calcula que, en total, la ley puede hacer que 17 millones de personas pierdan su seguro médico, siendo esto el mayor retroceso de nuestra historia en cuanto a la cobertura del seguro médico. Entre los centros de salud comunitarios, se calcula que cuatro millones de personas, inmigrantes y no inmigrantes, perderán su cobertura. Esta ley destroza la red de seguridad de salud, poniendo en peligro la salud de todos.

Nosotros, como proveedores de servicios de salud, tenemos la responsabilidad de tratar a cualquier persona que necesite atención, independientemente de su estatus migratorio. Esta ley dice que nuestras clínicas deben absorber el costo de los cuidados no pagados para cumplir con el deber ético básico como proveedores de servicios de salud. Cuando el gobierno de entrada se niega a invertir en servicios preventivos y de bajo costo, transfiere al público el costo de la atención en urgencias que es mucho más elevado. Los contribuyentes acaban pagando la factura a través de las subvenciones federales a los hospitales, a través de los presupuestos estatales y locales y a través del aumento de las primas de los seguros. No se trata sólo de un fracaso en la salud pública, sino de una decisión fiscalmente irresponsable tomada por las mismas instituciones que dicen proteger nuestra salud y nuestra economía. 

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Detención

Nuestros centros de detención, incluso antes del reciente aumento en los arrestos de ICE, han provocado sufrimiento y muertes entre los detenidos. En estos centros se han descubierto condiciones inhumanas en las que los detenidos reciben una atención médica inconsistente y a menudo deficiente, incluso cuando la necesitan desesperadamente. Además de su sentido común, ha sido muy bien documentado que las detenciones son perjudiciales para la salud de los niños. La detención provoca traumas psicológicos y trae consecuencias para la salud mental de por vida. La detención en Estados Unidos se ha considerado inhumana y totalmente inadecuada para los niños, incluso a corto plazo. La detención familiar va en contra de las necesidades básicas de salud de los niños y debe cesar inmediatamente. Esta ley, por el contrario, amplía drásticamente la detención familiar, e incluso permite la detención a largo plazo e indefinida, en violación del Acuerdo de Flores.

Deportación

El miedo a la deportación está cambiando rápidamente a nuestras comunidades, sobre todo entre los trabajadores que están en alto riesgo. Hemos escuchado en todo el país reportes anecdóticos de personas que han dejado de ir a trabajar, que ya no salen de sus casas y que evitan buscar servicios de salud incluso cuando los necesitan con urgencia. Las separaciones familiares, el estrés crónico y los traumas causados por el aumento en las deportaciones, tienen a largo plazo un impacto negativo significativo en la salud de todos los miembros de la familia y de comunidades enteras. 

Nosotros, los proveedores de servicios de salud, hemos trabajado incansablemente para generar confianza en nuestras comunidades. Este enfoque punitivo de la política migratoria deteriora la salud pública al erosionar la confianza en los sistemas que están diseñados para proteger y apoyar el bienestar de la comunidad. 

Aplicación de la ley

La ley aumenta drásticamente el financiamiento de la policía militarizada de inmigración tanto en la frontera como en ciudades y pueblos de todo el país. El aumento de la militarización en la frontera causa muertes, pues obliga a las personas desesperadas, que sienten que no tienen otra opción, a usar rutas desérticas remotas y peligrosas. Mientras la gente huye de los peligros de su país para salvar su vida, la frontera debería contar con un sistema justo para evaluar rápidamente sus solicitudes de asilo y garantizar el debido proceso a quienes no cumplen con los requisitos de asilo. Por el contrario, estamos gastando miles de millones de dólares en una fuerza militarizada para impedir que la gente -en su mayoría familias jóvenes desarmadas que huyen de la persecución y la pobreza- pida su derecho legal de asilo. 

Es posible cambiar el rumbo. La Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes tiene la firme convicción de que existen muchas soluciones prácticas que permiten reducir el miedo, mejorar la salud pública y reducir los costos. Se podría dar a los hospitales y a los centros de salud el mandato y los recursos para asegurar que todos los miembros de la comunidad puedan tener acceso a servicios de salud culturalmente adecuados, lo que mejora la salud de todos nosotros -todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase y vecinos- mientras que, al mismo tiempo, se fortalecen los lazos de nuestras comunidades, se construye una salud pública fuerte y duradera, se reducen los costos generales de la atención en salud para todos y se salvan vidas.