[Nota del editor: Estamos entrando al cuarto año de COVID-19. Recientemente en un seminario virtual organizado por el  Center for Disaster Philanthropy, la directora de la División de trabajadores, medio ambiente y cambio climático de la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes (MCN por sus siglas en inglés), Amy K. Liebman, MPA,  hizo un recuento sobre cómo COVID-19 ha tenido un gran impacto en las comunidades de color y cómo MCN intervino para ayudar, utilizando nuevas fuentes de financiamiento. A continuación, resumimos su presentación. Para leer más sobre el seminario virtual, COVID-19 Year Four: Implications for Philanthropy y verlo completamente, visite el blog de Giving Compass]. 

MCN es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la justicia en salud. Su trabajo va dirigido principalmente a dos grupos: proveedores de servicios de salud de primera línea que atienden a los inmigrantes y las propias comunidades de inmigrantes y migrantes. Cuando miramos hacia atrás al comienzo de la pandemia, vemos que no ha sido solamente una historia de enfermedad y muerte, sino también, de daño moral, de fracaso y negligencia por parte del gobierno.  

La pandemia comenzó azotando a todos por igual. COVID-19 afectó a todas las personas, independientemente de su raza, etnia o situación económica. Eso cambió rápidamente cuando se impusieron las políticas de cuarentena y las escuelas y los lugares de trabajo cerraron o cambiaron su modo de operación a una operación en línea o remota.  Sin embargo, para los trabajadores considerados ‘esenciales’ había pocas opciones; se esperaba que los proveedores de servicios de salud de primera línea y los trabajadores del sector de producción de alimentos trabajaran y, en muchos casos, estos trabajadores por razones económicas, no tenían otra opción; tenían que trabajar.  

También se esperaba que nuestros proveedores de servicios de salud atendieran a los enfermos con un número limitado de equipos de protección personal y con muy pocas normas que les protegiera, como, por ejemplo, las normas básicas de protección contra la exposición a patógenos transmitidos por aire. Durante buena parte de la pandemia, los proveedores de salud tuvieron tres veces más probabilidades de infectarse por COVID-19 que el público en general.  

Las desigualdades en salud que se observaron en nuestras comunidades de inmigrantes, migrantes y las comunidades negra, indígena y de color (BIPOC por sus siglas en inglés) fueron asombrosas. Durante gran parte de la pandemia, las tasas de casos y muertes en nuestras comunidades latinas y negras fueron dos o tres veces mayores a las tasas de casos y muertes de nuestras comunidades blancas y eso se debió en gran parte al trabajo:  

•    el 69% de todos los inmigrantes que forman parte de la población laboral activa son trabajadores esenciales; 
•    el 74% de los inmigrantes no autorizados son trabajadores esenciales; y
•    casi la mitad de todos los inmigrantes elegibles para DACA son trabajadores esenciales. 

Para quienes vivimos en comunidades donde la producción de alimentos depende de los inmigrantes, el impacto de COVID-19 fue sorprendente. Yo vivo en Salisbury, en la costa este de Maryland. En un radio de 75 millas alrededor de mi casa hay diez plantas de procesamiento de pollos.

En estas plantas trabajan inmigrantes haitianos, guatemaltecos y mexicanos, junto con miembros de nuestra comunidad afroamericana.  Estos trabajadores estaban desprotegidos, sin normas o con normas muy limitadas para obtener permisos remunerados de trabajo por enfermedad; con un acceso limitado al equipo de protección personal y, trabajando en espacios mal ventilados.  Bajo estas condiciones, no tardaron en enfermarse y muchos murieron y luego empezaron a enfermarse sus hijos y sus familiares.  

 La culpa no se hizo esperar: Se empezó a decir que esto sucedía debido a su cultura, a su forma de vivir, etc.  Casi no se reconoció y, de hecho, se llegó a rechazar la relación existente entre el trabajo y el virus y lo propicias que eran las condiciones en el lugar de trabajo para su transmisión.

Esta culpa también coincidió con el caos, la ineptitud de la respuesta del gobierno federal, la falta de información confiable y un entendimiento precario y, a veces, hasta impreciso de la nueva información sobre COVID-19. Recuerdo claramente estar trabajado la segunda semana de marzo del 2020 en la oficina de MCN en Puerto Rico, justo antes de que se impusieran las políticas de cuarentena.  Decidí volver a casa pronto y me fui de Puerto Rico el 13 de marzo. En el aeropuerto recuerdo haber visto a dos mujeres con máscaras y me pregunté por qué estaban llevando las máscaras. El CDC decía que no se transmitía por aire. Pues bien, me fui a mi asiento, lo desinfecté completamente, volé sin máscara y me fui a casa con mi familia.    
 

Provisión de asistencia técnica pese a la falta del financiamiento

Una semana después de ese vuelo, MCN sin financiamiento ni personal adecuado, salió corriendo a buscar soluciones sin saber que en realidad estaba entrando a un maratón. A través de diferentes medios virtuales, se reunieron grupos de proveedores de salud para que compartieran lo que estaban haciendo con sus pacientes inmigrantes y cómo se protegían ellos del virus. Igualmente, abogamos para que se protegieran tanto a los proveedores de servicios de salud como a los trabajadores. También se tradujo la información científica y las directrices que cambiaban rápidamente para compartirlas.   

Pero quizá lo más importante fue que escuchamos las necesidades y los retos existentes y continuamos ofreciendo respuestas. Rápidamente, nos dimos cuenta de que también se trataba de una pandemia de desinformación. Por tanto, respondimos ofreciendo recursos y capacitación. También proporcionamos apoyo psicosocial a los proveedores de servicios de salud de primera línea que sufrían moralmente y que padecían el trauma de lo que estaban presenciando. En mayo, se hizo a nivel nacional uno de los primeros seminarios virtuales para cientos de proveedores de servicios de salud en el que se enfatizó la transmisibilidad por aire de COVID-19.  
  
MCN dio la cara a pesar de que el gobierno nos pidió que nos retiráramos. Uno de nuestros patrocinantes federales que financiaba nuestro programa de capacitación de trabajadores, nos dijo específicamente que no podíamos utilizar esos fondos para entrenar a los trabajadores sobre COVID-19.  Cumplimos con nuestros objetivos y luego redoblamos nuestros esfuerzos para garantizar que los trabajadores y los promotores de salud comunitaria (CHWs por sus siglas en inglés) recibieran la información que necesitaban de una forma sencilla, incluso cuando no disponíamos de financiamiento.  
 

Por fin para el otoño del 2020, nos llegaron fondos sustanciales que nos permitieron contratar personal. Nos asociamos con grupos comunitarios de todo el país para desarrollar recursos adaptados culturalmente al contexto del momento y con mensajes sobre cómo mantenerse a salvo. Esto se convirtió luego en nuestra campaña "La vacunación es..." la cual cuenta con casi 300 recursos en diferentes idiomas que hoy los grupos comunitarios pueden adaptar fácilmente utilizando fotos con miembros confiables de su propia comunidad, incluyendo sus logotipos y números de teléfono. También hicimos una cantidad de trabajo extraordinario para ayudar a los departamentos de salud a establecer una relación equitativa y bilateral con miembros de las comunidades marginadas.    

Uno de los esfuerzos más intensos fue el que se realizara con la Alianza Nacional de Campesinas, organización que cuenta con una red de más de 20 organizaciones comunitarias en todo el país. A esta organización se le concedió una subvención de 8,5 millones de dólares para que se dedicara a la difusión de la vacuna, lo cual debía hacerse en un período de seis meses. MCN les proporcionó de manera intensiva asistencia técnica, facilitando sesiones de aprendizaje colaborativo semanales con actualizaciones clínicas y políticas e igualmente intercambiando recursos y estrategias para alcanzar dichas comunidades. 

También abordamos problemas que fueron desde la desinformación hasta el racismo. Uno de nuestros aliados comunitarios de Kansas se vio rodeado de camiones que ondeaban banderas confederadas mientras los promotores de salud comunitaria intentaban llevar a cabo una clínica de vacunación para los miembros de la comunidad mayormente negra.  Me complace informarles que, a pesar de la intimidación, tuvieron un éxito increíble.  Ya hacia finales del 2021, vimos cambios drásticos en las disparidades. En algunas comunidades, vimos que el índice de vacunación de los latinos superaba al de los no latinos. Hasta la fecha, MCN continúa difundiendo recursos y buenas prácticas.   
 

De cara al futuro 

El hecho de que la respuesta de salud pública haya sido a nivel hiperlocal fue fundamental y el papel que cumplieron los CHWs fue igualmente esencial. Pero nuestro trabajo no termina allí; es importante seguir fomentando y entrenando a nuestros CHWs después de la crisis y procurar que exista el apoyo financiero para así lograr la equidad y la justicia en salud.

También se hizo una gran labor al proporcionar asistencia técnica financiera.  Una subvención de 8,5 millones de dólares siempre es bienvenida, pero utilizarla en seis meses y con una experiencia previa limitada en cuanto al financiamiento público, hizo que la tarea se convirtiera en todo un reto para nuestro aliado.  

Pero lo lograron y ¡su trabajo fue asombroso! Vimos cambios notables en cuanto a las disparidades en torno a COVID -19. Sin embargo, terminó con despidos significativos en la comunidad.  En el futuro, el financiamiento para estas organizaciones con costos operativos generales a largo plazo, para que continúen con su trabajo comunitario en salud, puede simplemente consistir en crear confianza y proveer apoyos filantrópicos. Hay que recordar que crear confianza en una comunidad vulnerable toma tiempo y dedicación y no se puede simplemente recurrir a estas organizaciones cuando haya una nueva emergencia. Es un trabajo a largo plazo que requiere un financiamiento asegurado.   

La salud pública y nuestro sistema de atención en salud han recibido fuertes golpes. La confianza en las autoridades del sector salud se ha deteriorado a lo largo de la campaña contra COVID-19 y, a medida que se van agotando los fondos para esta campaña, queda mucho por hacer para apoyar y financiar los programas de promotores de salud comunitaria, así como otras iniciativas de alcance comunitario que permitan crear canales de comunicación entre estas autoridades del sector salud y las comunidades desfavorecidas. Estos programas o iniciativas de alcance comunitario son los que tienen mucho éxito a la hora de fomentar la equidad y la justicia en salud. 

Tenemos que asegurar que se mejoren las condiciones de trabajo de todos los proveedores de servicios de salud y esto incluye hacer cambios sistémicos que genuinamente presten atención al bienestar psicosocial de estos proveedores. Para nuestra comunidad de trabajadores en general, necesitamos que se reconozca firmemente que las políticas laborales son también políticas de salud pública, con el compromiso de fortalecer normas básicas como el permiso de trabajo remunerado por enfermedad. Igualmente, tenemos que seguir abogando por un sistema de salud universal.

En los últimos cuatro años, a pesar de los múltiples retos y errores, hemos hecho avances importantes hacia la justicia en salud: el acceso universal a las vacunas y a los tratamientos durante la pandemia fue fundamental y no nos podemos permitir retroceder. A medida que avanzamos hacia una nueva fase de la pandemia, no podemos abandonar las lecciones que hemos aprendido sobre la importancia y la eficacia que tienen las iniciativas de alcance comunitario culturalmente relevantes  y de confianza para las comunidades desatendidas.